Resumen
La masacre de Kumarakapay del 22 de febrero de 2019 constituye uno de los episodios de violencia estatal más graves contra las poblaciones indígenas en Venezuela en el siglo XXI. Este hecho, que se saldó con la muerte de al menos siete personas y más de una treintena de heridos, se produjo en el contexto de un intento de llevar ayuda humanitaria internacional a Venezuela, cuando miembros del Ejército Bolivariano y la Guardia Nacional atacaron con armas de fuego a miembros de la comunidad indígena pemón cuando intentaban facilitar el paso de ayuda a través de la frontera con Brasil.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Francisco de Yurani, también conocida como Kumarakapay en lengua pemón, ubicada en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, a aproximadamente 70 kilómetros de Santa Elena de Uairén. La masacre es parte de un patrón más amplio de militarización progresiva del territorio indígena y represión contra las comunidades que se oponen al control estatal de sus recursos naturales, particularmente en el marco del Arco Minero del Orinoco.
El evento reveló la extrema vulnerabilidad de las poblaciones indígenas a la violencia estatal, la ausencia de garantías constitucionales para la autonomía territorial indígena y la explotación política de la crisis humanitaria venezolana. Las consecuencias inmediatas incluyeron el desplazamiento forzado de más de 1.500 indígenas pemones a Brasil, la militarización permanente de la región y un patrón sostenido de impunidad que persiste hasta el día de hoy.
Área Principal de Eventos
Los enfrentamientos más graves tuvieron lugar en la zona conocida como control territorial pemón, ubicada directamente sobre la Troncal 10 en Kumarakapay. Este punto fue el principal filtro de seguridad establecido por la comunidad indígena para regular el tránsito de vehículos militares y civiles por su territorio, en ejercicio de su autonomía constitucional. La Troncal 10 cruza toda la longitud de Kumarakapay y se extiende hasta Brasil, lo que lo convierte en un punto de interés muy importante.
Área de desplazamiento
Las familias que huyeron tras la masacre se refugiaron inicialmente en zonas montañosas situadas entre 10 y 15 kilómetros al este de Kumarakapay, en dirección al tepui de Roraima. Posteriormente, la mayoría cruzó la frontera hacia las comunidades brasileñas de Bananal y Tarauparu, ubicadas en el estado de Roraima, Brasil.
Cronología detallada de los acontecimientos
19-21 de febrero de 2019:
El 19 de febrero de 2019, el gobierno brasileño anunció oficialmente su cooperación con la operación de ayuda humanitaria liderada por Juan Guaidó, estableciendo centros de acopio en Boa Vista y Pacaraima, en el estado de Roraima. Esta decisión intensificó las tensiones en la frontera, ya que Nicolás Maduro había rechazado categóricamente el ingreso de ayuda humanitaria, calificándola de pretexto para una intervención militar.
El 20 de febrero, tropas del Ejército Bolivariano fueron desplegadas en Santa Elena de Uairén con órdenes explícitas de impedir el ingreso de cualquier convoy de ayuda humanitaria. Se detectaron tanques y vehículos blindados en la ciudad fronteriza, lo que provocó alarma entre la población local.
El 21 de febrero Maduro ordenó el cierre oficial de la frontera con Brasil, prohibiendo también el tráfico aéreo en todo el territorio nacional. Sin embargo, la comunidad pemón de Kumarakapay había manifestado públicamente su intención de facilitar el paso de la ayuda humanitaria, considerando que la crisis económica afectaba especialmente a sus miembros más vulnerables.
22 de febrero de 2019:
Alrededor de las 3:00 horas, un primer convoy militar compuesto por cuatro vehículos intentó cruzar el puesto de control territorial pemón en Kumarakapay. La guardia territorial indígena, una estructura de seguridad comunitaria creada en 2001, ordenó a las tropas retroceder, obligando al convoy a retirarse hasta el puente sobre el río Yuruani, ubicado aproximadamente a 4 kilómetros de la comunidad.
Primera Fase de Ataque (5:45 - 6:30 am):
Entre las 5:45 y las 6:00 de la mañana, los convoyes militares regresaron con refuerzos. Tres de los cuatro vehículos lograron pasar el control y se posicionaron frente a las viviendas de la comunidad, mientras que el cuarto fue detenido por los indígenas, quienes obligaron a sus ocupantes a descender.
Zoraida Rodríguez, una indígena de 45 años que preparaba empanadas para venderlas a los viajeros, estaba en su cocina cuando escuchó los primeros disparos. Salió para comprobar la situación con su marido Rolando García, un guía turístico de 52 años, y otros residentes de la comunidad.
El Pico de la Violencia (6:00 - 6:30 am):
Testigos coinciden en que los indígenas se acercaron desarmados a los vehículos militares para conversar y conocer las intenciones de los militares. Sin embargo, los soldados respondieron disparando directamente contra la población civil. Zoraida Rodríguez fue la primera víctima, recibió tres disparos en el pecho mientras se encontraba frente a su casa.
Rolando García al ver herida a su esposa corrió a socorrerla y también fue alcanzado por disparos, sufriendo graves heridas en el abdomen. Otros miembros de la comunidad que intentaron ayudar a las víctimas también fueron atacados con armas largas.
El ataque continúa (6:30 - 7:00 am):
Personal militar persiguió a los indígenas que huían, disparando indiscriminadamente contra viviendas y zonas de refugio. Kliver Pérez, primo de Rolando García, resultó gravemente herido durante esta fase del ataque. Onésimo Fernández sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó parapléjico de por vida.
Los militares no sólo utilizaron armas de fuego sino también bombas lacrimógenas, que afectaron especialmente a niños y ancianos que se refugiaban en sus casas. El saldo inmediato fue de una persona muerta (Zoraida Rodríguez) y más de dieciséis heridos, varios de ellos en estado crítico.
La respuesta de la comunidad (7:00 - 12:00 pm):
En respuesta al ataque, miembros de la comunidad lograron detener a 27 militares, entre ellos el general de brigada José Miguel Montoya Rodríguez, comandante de la Guardia Nacional en el estado Bolívar. El objetivo de esta acción era ejercer presión para obtener garantías de que no habría más ataques y exigir atención médica para los heridos.
El Traslado de Heridos (12:00 pm – 6 pm)
Los heridos más graves fueron trasladados inicialmente a la clínica improvisada de Kumarakapay, que carecía de recursos para tratar las heridas de bala. Algunos fueron posteriormente trasladados al Hospital Rosa Vera Zurita de Santa Elena de Uairén, mientras que los casos más críticos fueron trasladados al Hospital General de Roraima en Boa Vista, Brasil.
febrero 23 de 2019
El Conflicto se expande a Santa Elena de Uairén:
El 23 de febrero las protestas se extendieron hasta Santa Elena de Uairén, donde la población se manifestó en solidaridad con las víctimas de Kumarakapay y en apoyo a la ayuda humanitaria. La respuesta militar fue inmediata y brutal.
La Guardia Nacional Bolivariana abrió fuego contra manifestantes desarmados en varios puntos de la ciudad, incluido el barrio Cuatro Esquinas y las inmediaciones del cuartel general de la Guardia Nacional. Durante estas represiones fue asesinado José Elsy Pérez Márquez, un joven pemón de 20 años.
El resultado de la protesta del 23 de febrero:
El segundo día de violencia dejó tres muertos más: José Hernández, de 25 años, José Barrios, de 22, y José Elsy Pérez Márquez, de 20. Además, 57 personas resultaron heridas y 62 fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas 16 indígenas pemones.
Ampliación del conflicto del 24 de febrero al 4 de marzo de 2019
Muertos de heridos críticos:
En los días siguientes, varios de los heridos graves murieron en los hospitales. Kliver Pérez falleció el 27 de febrero en el hospital de Boa Vista. Rolando García murió el 2 de marzo en el mismo hospital, separado de sus hijos que habían huido en busca de seguridad.
El 3 de marzo, Jorge González, de 41 años, natural de Upata, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante las manifestaciones del 23 de febrero en Santa Elena de Uairén. El 10 de marzo de 2020, casi un año después, Onésimo Fernández falleció debido a complicaciones de la lesión medular que sufrió durante el ataque inicial.
Las víctimas y los responsables
víctimas:
Las víctimas de la masacre tienen un perfil demográfico homogéneo: eran principalmente habitantes de la comunidad pemón de Kumarakapay, con edades comprendidas entre 18 y 52 años, dedicados a actividades económicas tradicionales como el turismo, la agricultura de subsistencia y el comercio a pequeña escala.
Zoraida Rodríguez, de 45 años, era una madre que vendía empanadas a los viajeros que pasaban por la Troncal 10. Miembro de la Iglesia Adventista, participaba activamente en los servicios familiares matutinos y era conocida en la comunidad por su arduo trabajo y su carácter pacífico.
Rolando García, de 52 años, trabajaba como guía turístico especializado en excursiones al tepui de Roraima. Originario de Brasil pero naturalizado venezolano a través de su matrimonio con Zoraida, fue respetado por su conocimiento del territorio y su compromiso con la preservación del medio ambiente.
Kliver Pérez, de 24 años, primo de Rolando García, era un joven agricultor que trabajaba en la finca familiar y ocasionalmente como asistente de guía en excursiones turísticas. Estaba casado con Melanie y representaba a la nueva generación de líderes comunitarios.
José Elsy Pérez Márquez, de 20 años, era un joven estudiante y miembro activo de la Guardia Territorial Pemón. Su asesinato durante las manifestaciones del 23 de febrero en Santa Elena de Uairen ilustra la extensión geográfica de la represión militar.
Onésimo Fernández sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó parapléjico durante el ataque del 22 de febrero. A pesar de los esfuerzos médicos en Brasil, su salud se fue deteriorando progresivamente hasta su muerte en marzo de 2020, convirtiendo su caso en un ejemplo de las consecuencias a largo plazo de la violencia estatal.
Varios otros miembros de la comunidad sufrieron lesiones que les dejaron secuelas permanentes, incluidas cojeras y limitaciones funcionales que afectaron su capacidad para realizar actividades económicas tradicionales.
Autores:
Los responsables directos de la masacre pertenecían al Ejército Bolivariano y a la Guardia Nacional Bolivariana, que formaban parte del operativo de cierre de fronteras ordenado por Nicolás Maduro. El general de brigada José Miguel Montoya Rodríguez, comandante de la Guardia Nacional en Bolívar, fue identificado como el oficial de mayor rango presente durante los hechos.
La responsabilidad del mando se extiende a los niveles superiores de la cadena de mando militar, incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el propio Nicolás Maduro como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quien había ordenado el cierre de las fronteras y la prevención de la entrada de ayuda humanitaria por cualquier medio necesario.
Conclusiones
La masacre de Kumarakapay del 22 de febrero de 2019 representa un punto de inflexión en las relaciones entre el Estado venezolano y los pueblos indígenas, marcando el inicio de una fase de represión sistemática que ha caracterizado los años siguientes. El evento revela múltiples fallas estructurales en el sistema político venezolano, incluyendo la ausencia de mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos, la creciente militarización de la administración pública y la instrumentalización de la crisis humanitaria con fines de control territorial.
Un análisis detallado de los hechos muestra que la masacre no fue el resultado de una confrontación espontánea, sino más bien una operación militar planificada destinada a romper la resistencia indígena al control estatal sobre sus territorios ancestrales. El uso de armas de guerra contra una población civil desarmada, la persecución de los heridos en sus hogares y la posterior implementación de un régimen de terror mediante incursiones nocturnas confirman el carácter sistemático de la violencia empleada.
Las consecuencias a largo plazo de la masacre trascienden el ámbito local, sentando un precedente de impunidad que ha facilitado la repetición de patrones similares de violencia en otras regiones indígenas del país. El desplazamiento forzado de más de 1.500 personas constituye una forma de limpieza étnica que ha alterado permanentemente la composición demográfica de la región, facilitando la posterior implementación de proyectos extractivos en territorios ancestrales.
La respuesta internacional al evento, aunque simbólicamente importante a través de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido insuficiente para lograr cambios efectivos en la protección de los pueblos indígenas de Venezuela. La persistencia de la impunidad cinco años después de los hechos confirma la necesidad de mecanismos internacionales más robustos para la protección de poblaciones vulnerables en contextos de autoritarismo.
Diosdado Cabello (El segundo a bordo del Régimen de Maduro) Declara el 25 de febrero “Sobre los hechos ocurridos en Kumarakapay, tenemos información de que se trató de un falso positivo, y está comprobado que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no participó en el acto”
La memoria de las víctimas de Kumarakapay sigue viva en las comunidades indígenas como símbolo de resistencia contra la opresión estatal, pero también como recordatorio de la fragilidad de sus derechos en el contexto político actual. La lucha por la justicia sigue siendo uno de los principales desafíos para el movimiento indígena venezolano, y requiere tanto acción a nivel nacional como el apoyo sostenido de la comunidad internacional.
Finalmente, la masacre de Kumarakapay debe entenderse no como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos que caracteriza al régimen de Nicolás Maduro.
Nota del investigador
Este informe se basa íntegramente en inteligencia de código abierto (OSINT). No se accedió a información clasificada. No se utilizaron fuentes confidenciales. Todo lo documentado aquí está disponible públicamente, si sabe dónde buscar.
La importancia no reside en las revelaciones secretas, sino en conectar los puntos: mostrar cómo la militarización de la Gran Sabana, el bloqueo de la ayuda humanitaria, el ataque a la comunidad pemón y el desplazamiento forzado hacia Brasil forman parte de un patrón coherente de represión.
Ese patrón está diseñado para romper la autonomía indígena, reprimir la disidencia y consolidar el control autoritario sobre fronteras estratégicas y territorio minero. Y sus consecuencias aún hoy son visibles en las comunidades afectadas por Kumarakapay.